Política y Ciudadanía.
¿Con cuáles derechos reclamaremos para nuestros hijos el título de ciudadanos si no somos dignos de serlo? Álvaro Obregón
Mario A. Fernández B.
Varias generaciones de dominicanos se han auto excluido de participar de la vida política nacional, por un repudio de padres y maestros a la que, tradicionalmente, ha sido la política vernácula, plagada de traumas, decepciones, prácticas deshonestas, deslealtades, engaños, diatribas e impunidades.
Sin embargo, “la política” como la ha percibido el dominicano no es la ciencia a la que se contrae este concepto en otras latitudes del mundo.
La política en el sentido que nos compete, tiene que ver con el cómo se deben hacer las cosas del Estado, el implementarlas o ponerlas en ejecución.
Partiendo del concepto anterior, no cabe dudas que –definitivamente- es competencia de todo ciudadano participar en el cómo poner en práctica acciones que tienen que ver con el cómo vivir y hasta con el cómo morir de los que habitan un país.
El primer gran obstáculo es, vencer la tendencia natural -por los condicionamientos señalados- a no involucrarnos en “la política” y, una vez vencemos el miedo, asumir la identidad de ciudadano, con todos sus derechos y deberes y conducirnos como los dueños de la República Dominicana y no como súbditos de la clase política partidaria y de los demás poderes fácticos.
Lo que hasta hoy ha ocurrido en nuestro país es una consecuencia de nuestra actitud y debemos reinventarnos, asumir la identidad de la que nos deviene la autoridad y ejercerla.
Al conjunto de los ciudadanos se les denomina “pueblo”, y es éste quien tiene la soberanía, conforme lo establece el artículo 2 de la Constitución de la República, es decir, el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente.
Los ciudadanos tenemos la facultad de decidir cómo queremos que funcionen las políticas públicas, la justicia, las cuentas públicas, el endeudamiento, la auditoría Estatal, el arbitraje electoral, el ministerio público, la educación, la salud, la seguridad, en fin, cada aspecto que tenga que ver con el espacio territorial de la convivencia entre nosotros e incluso, cómo relacionarnos con otras naciones y organismos internacionales.
Los medios de comunicación y las redes sociales permiten hoy el acceso a toda la información, nos da acceso directo y sin intermediarios a datos y personas con intereses afines, lo cual acerca a muchos ciudadanos y les permite emitir opiniones y participar de acciones que generan políticas públicas.
Mientras el silencio no produce cambio alguno, ni eleva una conciencia ciudadana sino que, por el contrario, comunicarnos, reclamar, exigir etc. nos lleva a los medios y éstos generan la presión social que motorizan acciones de las autoridades que van en beneficio de los denunciantes y de otros en condición similar, aún de los que han permanecido callados.
Las deficiencias en los servicios, las condiciones de las vías, el uso y abuso de los espacios públicos, la inseguridad, las prácticas delictivas en zonas específicas son razones suficientes para que los vecinos se integren, documenten sus reclamos y denuncien sus males; las pequeñas acciones y las pequeñas conquistas son estimulantes para encaminar acciones de más envergadura. La integración por los reclamos de la comunidad, es una acción de carácter político que beneficia a los ciudadanos de su demarcación.
Las Juntas de vecinos, los clubes, asociaciones y federaciones no cooptados por la política partidaria son excelentes instrumentos para obtener conquistas políticas, en caso de que sus miembros decidan realizar un ejercicio de ciudadanía responsable.
Otras acciones de carácter legal, como reclamar informaciones de las instituciones públicas, acciones específicas e incluso, recursos de amparo y querellas formales, requieren de un soporte legal que en ocasiones viene a canalizar objetivos más ambiciosos y específicos.
La Ley de libre acceso a la información pública No.200-04 del 28 de julio del 2004 obliga a que cada institución del Estado Dominicano, tenga una oficina de recepción, tramitación y entrega de las informaciones requeridas por cualquier persona o entidad que desee, pero además, a tener con carácter de obligatoriedad, un portal o página web, con todas las informaciones relativas a dichas instituciones del Estado, que permita al ciudadano poder hacer consultas de sus inquietudes de manera directa.
Los artículos 226 al 235 de la ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios regulan el registro, la participación, el referéndum, el plebiscito y el cabildo abierto donde todos los ciudadanos pueden participar y accionar en beneficio de su comunidad.
Sumar, articular, avanzar, no permitir la contaminación, sin distracción y con perseverancia, nos permite accionar en beneficio de nuestro entorno y de todo el país y al empoderarnos, fortalecemos la democracia y le aportamos calidad.
La ciudadanía no puede soslayar las riendas de su destino; asumir este rol produce cambios que usualmente no salen de manera espontánea de la política partidaria y participar es indispensable e impostergable, es de vida o muerte.